La Cámara Nacional Electoral emitió una sentencia en la que ordena a los candidatos a presidente a explicar los gastos en proselitismo y, además, ordenó fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables expuestos deliberadamente. En tanto, se advirtió sobre la posibilidad de llevar adelante multas por iniciar la actividad proselitista mucho antes de lo previsto por la ley.
05-04-2015
A partir de esta sentencia inédita, los candidatos deberán presentar una lista con el detalle del dinero invertido en propaganda política "tendiente a captar el voto" y justificar el origen de dichos fondos.
La Justicia interpreta que los postulantes que hayan gastado dinero de su patrimonio personal para la campaña deberán declararlo en esta nueva instancia.
El trámite, que ya se puede hacer desde el sitio web del organismo, consta de dos formularios. Por un lado, el candidato deberá declarar todos sus gastos en propaganda, lo que incluye la contratación de agencia de publicidad y consultoras para la realización de encuestas. Y por el otro, los gastos operativos que engloban toda la inversión destinada a promocionar la figura del candidato.
La sentencia fue motivada por la ley que establece la prohibición de realizar proselitismo 30 días antes de las elecciones. Es decir, cualquier imagen de un candidato tendiente a captar el voto del electorado antes de ese período está fuera de la ley.
Según publicó el diario La Nación, la Cámara exigió también a los jueces electorales de todo el país quitar o "inutilizar" los carteles de los presidenciables que actualmente pueden verse en la vía pública que estén "dirigidos a captar la voluntad política del electorado".
En tanto, el fiscal Jorge Di Lello advirtió que pueden aplicarse "multas o inhabilitaciones" a los candidatos presidenciales que figuran en carteles con publicidades de campaña electoral, al recordar justamente la ley que impide el proselitismo hasta 30 días antes de la campaña.
"Las sanciones que están en la ley, que son para las agencias que ponen los carteles, para los responsables económicos y financieros y para los candidatos, son multas o inhabilitaciones", alertó Di Lello en línea con la Cámara Nacional Electoral.
En declaraciones radiales, Di Lello manifestó que la Cámara buscó con el fallo "disminuir la opacidad" de "los gastos de campaña". Al recordar que la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las elecciones, el fiscal sostuvo que, "cada vez que hay cambio presidencial y el fenómeno sucesorio no está claro, las aspiraciones se multiplican y la necesidad de captar el voto" atentan contra "los plazos de campaña" establecidos por ley.
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